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Indecopi y Minedu iniciaron la supervisión de colegios que funcionarían sin autorización
El Indecopi y el Ministerio de Educación (Minedu), a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (Drelm), iniciaron la supervisión de establecimientos que prestan el servicio de educación básica privada, presuntamente carentes de la autorización del ministerio.
De esta forma, ambas instituciones suman esfuerzos para identificar posibles afectaciones a los usuarios del servicio educativo escolar privado. Así, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) del Indecopi y la Drelm del Minedu, visitaron diversos establecimientos que prestan el servicio de educación básica en Lima Metropolitana.
La fiscalización forma parte de la campaña escolar que cada año realiza el Indecopi, denominada ‘Al colegio con el Indecopi 2019’, que busca promover y dar a conocer los derechos de padres de familia y de alumnos que hace uso de este servicio educativo privado.
Para realizar estas supervisiones, el Minedu y la Drelm proporcionaron al Indecopi una relación de 208 establecimientos educativos de diversos distritos de Lima Metropolitana que presuntamente no contaban con autorización, en particular, en los distritos de San Juan de Miraflores y San Martín de Porres. Además, participaron los municipios distritales y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
Supervisiones
De la cifra antes mencionada, durante el mes de setiembre del presente, personal de dichas instituciones tomaron una muestra y lograron supervisar a 48 establecimientos, identificándose que, 29 de estos, no contaban con autorización para prestar el servicio educativo.
En el distrito de San Martín de Porres se supervisó a 34 establecimientos, de los cuales 18 prestaban el servicio sin contar con autorización; 14 estaban autorizados y 02 no prestaron facilidades para realizar la diligencia.
En tanto en San Juan de Miraflores realizaron 14 supervisiones y se obtuvo como resultado que 11 establecimientos prestaban el servicio educativo sin contar autorización; 02 establecimientos se encontraban autorizados y 01 no prestó las facilidades del caso.
Como resultado de estas acciones de supervisión, se pudo identificar a 1 321 estudiantes que resultarían afectados.
En estos casos, el Ministerio de Educación pondrá en marcha un procedimiento que garantice la continuidad de los estudios de los alumnos afectados, disponiendo, asimismo, las medidas necesarias para que los establecimientos no autorizados puedan formalizarse.
¿Qué debemos tener en cuenta en el servicio educativo?
Antes de contratar un colegio para la prestación del servicio educativo, los padres de familia, como principales aliados en la lucha contra la informalidad del servicio educativo privado, deben tener en consideración las siguientes recomendaciones:
- Luego de identificar la institución educativa en la que desee matricular a su hijo o hija, verifique que se encuentre debidamente autorizado por el Ministerio de Educación. Para ello ingrese al servicio Identicole (http://identicole.minedu.gob.pe/). En esta plataforma podrá conocer a los colegios que cuentan con autorización para prestar el servicio educativo, así como los niveles de educación que pueden brindar (inicial, primaria o secundaria).
- También contiene información sobre la infraestructura con la que cuenta el colegio y los logros de aprendizaje alcanzados.
Sanciones impuestas en campañas escolares anteriores
Producto de su labor fiscalizadora el Indecopi ha identificado diversas infracciones recurrentes en la prestación del servicio educativo privado, siendo las más comunes: falta de idoneidad (por ejemplo: direccionamiento en la compra de útiles y uniformes), no contar con el Libro de Reclamaciones y su respectivo aviso, cobro de cuotas extraordinarias o no autorizadas, fórmulas intimidatorias para el cobro de pensiones, exigencia de la presentación de la totalidad de útiles al inicio del año, entre otras.
En ese sentido, entre octubre de 2014 y octubre de 2018, el Indecopi impuso 2 837 sanciones a 1 202 centros educativos particulares de educación inicial, primaria y secundaria, a nivel nacional, porque infringieron los derechos de los padres de familia y de los escolares. Del mismo modo, se aplicaron multas por un total de 3 015.5 UIT (unidades impositivas tributarias).
